Los trabajos en el «Tarifa Primero», el buque cajonero en el que se construyen los grandes bloques que se utilizan en la construcción del dique Norte, en El Musel, se reanudaron ayer tras una asamblea que se celebró a las ocho de la tarde y en la que la plantilla del último turno de la jornada optó por volver a los tajos a la espera de la negociación de sus representantes sindicales.

La decisión fue explicada como un gesto de buena voluntad y un voto de confianza al comité de empresa. Los trabajadores tienen sin resolver varias reivindicaciones que afectan a las condiciones salariales, a las vacaciones o a bajas que, según su denuncia, la unión temporal de empresas que ejecuta la ampliación de El Musel no cubre, explicaron fuentes sindicales.

La plantilla volvió a la normalidad, pero está dispuesta a reanudar sus protestas si no hay una respuesta empresarial satisfactoria. Las fuentes antes citadas aseguraron que la asamblea mandató a sus representantes sindicales para que, además de proseguir la negociación, tramiten la convocatoria de una huelga legal para el próximo día 14.

El malestar laboral en el «Tarifa Primero» se arrastra desde hace semanas, aunque sólo trascendió el pasado martes, cuando algunos trabajadores optaron, como forma de protesta, por parar sus labores.

Los trabajos en el buque cajonero, que permanece en aguas de El Musel, son fundamentales para la ampliación portuaria y la construcción del nuevo dique de abrigo. En el «Tarifa Primero» trabajan unas 150 personas, en tres turnos, para fabricar cajones de hormigón y acero, con un tamaño similar al de un edificio de once pisos, que se utilizan en la construcción del dique Norte, el primero que se hace con este sistema en el Cantábrico.

El «Tarifa Primero» fabrica un cajón cada diez días. Hasta ahora se han fondeado en el Norte trece piezas. Las previsiones de la Autoridad Portuaria es que a lo largo de la campaña del verano se pongan siete cajones más, hasta un total de veinte. El mantenimiento de los ritmos de fabricación es fundamental para poder concluir la ampliación de El Musel, la mayor obra licitada en Asturias (579 millones de euros), en los plazos fijados.

La ejecución del proyecto acumula un retraso, parcialmente recuperado en las últimas semanas gracias al avance del dique Norte, a causa de algunos temporales que destruyeron el arranque del otro dique, el Torres.

    

• Vía La Nueva España

os trabajadores de la Fábrica de Loza de San Claudio han convocado una huelga hoy para protestar y reclamar al propietario, Álvaro Ruiz de Alda, que ponga sobre la mesa un nuevo plan de viabilidad que sea menos gravoso para la plantilla con respecto al despido de trabajadores, según comunicó ayer el comité de empresa.
Los trabajadores aprovecharán la jornada de huelga, que, en principio, comenzó a las cero horas de hoy y durará hasta las doce de la noche, para concentrarse delante de la Junta General del Principado a mediodía, donde a esa hora el Gobierno regional en funciones participará en el Pleno de investidura del nuevo Ejecutivo, que con toda probabilidad presidirá el socialista Vicente Álvarez Areces.
La huelga y la concentración de hoy serán los dos últimos episodios, por el momento, de la lucha que mantienen los trabajadores de la Fábrica de Loza de San Claudio por defender sus empleos y el futuro de la planta ovetense.
Se trata de una pelea que comenzó en enero, cuando la empresa presentó en el Juzgado de lo mercantil un plan de viabilidad para evitar el expediente de quiebra abierto por el juez ante los problemas económicos que atraviesa la factoría. Uno de esos problemas es la deuda acumulada, que alcanza los tres millones, de los que más del 50 por ciento corresponde a débitos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
El plan de viabilidad de la empresa plantea el cese de la producción en San Claudio y su traslado a Europa del Este o Asia. Este traslado de producción, según la empresa, traería como consecuencia el despido de 131 de los 147 trabajadores de la plantilla, de manera que sólo quedarían en nómina los empleados dedicados a la venta y al almacenaje.
Tras conocer los planes de la empresa, que desveló este periódico, la plantilla comenzó a organizarse y puso en marcha un calendario de protestas, huelgas y concentraciones (entre ellas dos manifestaciones por las calles de Oviedo) para reclamar el apoyo de las instituciones (Principado y Ayuntamiento).

Precisamente el Ayuntamiento concedió 24.000 euros para que el comité de empresa contratara con el Instituto CIES la redacción de un nuevo plan de viabilidad. Este plan ofrecía un resultado distinto al de la empresa, ya que asegura que la fábrica es viable con 80 trabajadores, para producir 1,9 millones de piezas.

    

• Vía La Nueva España

Los 49 trabajadores del Servicio de Gestión de Ingresos, que pertenecen a la empresa UTE Asturagua S. A.-Tribugest S. A., reclaman al Ayuntamiento, y en concreto al concejal de Economía, Agustín Iglesias Caunedo, que tenga «sensibilidad» y defienda el empleo de los empleados «ante la incertidumbre que padecemos en estos momentos sobre nuestro futuro» tras conocerse que el Ayuntamiento ha aprobado el pliego de condiciones técnicas para la contratación de la gestión tributaria y recaudatoria municipal. Todo ello aderezado por la desaparición de la cláusula de subrogación, que hasta ahora obligaba a la empresa adjudicataria de cualquier servicio municipal a quedarse con los trabajadores que había contratado la empresa anterior.
Al hilo de esta petición, el pliego de condiciones señala que «el adjudicatario deberá realizar su oferta de trabajo al personal que actualmente presta estos servicios en la UTE Asturagua S. A.-Tribugest S. A. (excluyendo al personal de dirección), respetando categoría, salario y antigüedad».

Los trabajadores piden a Iglesias Caunedo que al igual que exige al Principado que garantice el empleo en la Fábrica de Loza de San Claudio «no se entendería, es más, resultaría casi grotesco, que en su propia casa no predicara con el ejemplo. Así, la reciente anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno que obligaba a subrogar al personal de las contratas municipales cuando se produce una nueva contratación del servicio, en principio, no se compadece con esa sensibilidad, si bien entendemos (¿ingenuamente quizá?) que en los propios pliegos de condiciones deberían tenerse previstas estas contingencias».

    

• Vía La Nueva España

La Asamblea de trabajadores de Factorías Juliana acordó ayer rechazar la entrada en la dársena del astillero del portacontenedores que construye Naval Gijón, según confirmaron fuentes de los repreentantes de los trabajadores No obstante, según las mismas fuentes, las dinstintas fuerzas sindicales, pese a la decisión adoptada esta mañana, prefiere esperar a ver las cláusulas del contrato entre ambas empresas.

En un principio, se trataría de alquilar a Naval Gijón una dársena, que estará vacía durante al menos seis meses, hasta que pase a ella uno de los barcos sobre los que trabaja la Factorías Juliana. Este tiempo es suficiente para que los trabajadores del otro astillero finalicen su trabajo, según la fuente.

Ambas compañías habían llegado a un acuerdo y Naval lo justificaba por el hecho de que no cuentan con carga de trabajo para este mismo verano. Desde el otro lado, el pretexto que se ciataba era la cercvanía antre ambos astilleros y la rentabilidad que se le sacaría a una dársena que estaría vacía.

En un principio, el traslado estaba previsto para el próximo día 16 de este mes. Las obras del buque de Naval están muy avanzadas y la operación tan solo necesitaría la presencia de una decena de obreros. Por otro lado, Naval Gijón tiene pendientes dos barcos, el 703, que está en Portugal, y el 702. El astillero atraviesa por una mala situación financiera, que le ha llevado a buscar comprador. Está previsto que la plantilla finalice la obra civil pendiente este mes de agosto.

    

• Vía La Voz de Asturias

La construcción de cajones para la obra de ampliación de El Musel quedó paralizada a las 20 horas de ayer y continuaba en la misma situación en el momento de cerrar esta información, en torno a las 23 horas, a causa de un conflicto laboral en el que los trabajadores reivindican mejores condiciones económicas y sociales.

Las fuentes informantes destacaron que el trabajo ininterrumpido que la elaboración de los cajones requiere se realiza con tres turnos de operarios, pero eso no significa, como cabría pensar, tres turnos de ocho horas cada uno, ya que entre los tres equipos tienen que cubrir los descansos de los otros, de forma que la jornada llega muchos días a las 12 horas.


Si las características del trabajo ocasionan una reivindicación de mayor compensación económica, las mismas fuentes indicaron que los equipos de trabajadores formados se están viendo afectados por bajas y vacaciones que no son cubiertas, de forma que el trabajo se reparte, en realidad, entre menos personas. Más contratación para que las ausencias puedan ser suplidas es la segunda exigencia planteada.

Con las cosas así, según pudo saber EL COMERCIO, los trabajadores celebraron una asamblea en la que predominaron los partidarios de comenzar un paro de forma inmediata sobre los dispuestos a conceder cierto plazo para buscar un acuerdo negociado, debido a que el planteamiento del problema a los encargados de la obra no produjo la reacción que los operarios pretendían.

Antes, los ferrallistas

Los trabajadores se incorporaron a sus puestos, pero se negaron a realizar actividad alguna. Fuentes laborales indicaron que el conflicto afecta a unos 150 trabajadores, medio centenar por cada turno.

Al parecer, una situación similar fue protagonizada semanas atrás por los ferrallistas, es decir, por quienes construyen el armazón de hierro antes de que comience el vertido de hormigón, y consiguieron algunas mejoras.

Si la situación persiste mucho tiempo, el paro no sólo provocará un retraso en la obra, sino que puede ocasionar la pérdida del cajón que se encuentra en construcción. Según explicaron los técnicos en su momento, la razón es la necesidad de que el vertido de hormigón sea constante se deriva de que debe cuajar a medida que se sumerge.

Los responsables de la obra tienen el objetivo de dejar fondeados 20 cajones (aproximadamente un kilómetro colocados en línea) cuando el próximo otoño haya que interrumpir los fondeos, que no la construcción de cajones, por las malas condiciones de la mar tradicionalmente asociadas a los temporales de invierno.
    

• Vía El Comercio

Asturias, que reúne el 2 por ciento de la población española, concreta el 6 por ciento de las bajas médicas y lesiones por siniestro o enfermedad laboral, aseguró José Luis García Bigoles, presidente de la Asociación Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo «Profesor Alonso Olea» y de Laboral 2000, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

La «lacra» y «sangría» de la siniestralidad laboral, en expresión de García Bigoles, fue objeto de análisis y debate durante una conferencia técnico-jurídica a cargo de Jesús María Chamorro González, presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

García Bigoles anunció el compromiso de la asociación asturiana de asesores laborales Laboral 2000 de llevar a cabo una amplia actividad para «ver la forma de frenar esta sangría», mediante la organización de jornadas, conferencias, publicaciones y simposios.

Chamorro González, que coincidió en juzgar la alta siniestralidad laboral como una «lacra», analizó la jurisprudencia existente, los procedimientos y causas de anulación y la casuística en general en procedimientos por enfermedad o accidente laboral. Los tribunales contencioso-administrativos, sostuvo, «deben guardar el equilibrio entre las administraciones, que inspeccionan, vigilan y sancionan, y que procuran el interés general, y el administrado que ha sido denunciado y que tiene unos derechos y garantías que deben preservarse».

La vigilancia e inspección es competencia de la Administración del Estado, la sancionadora la realiza la Administración autonómica.

Sostuvo, asimismo, para este supuesto el criterio general de que el recurso al derecho penal debe someterse al principio de «intervención mínima».


    

• Vía La Nueva España

La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas) ha incrementado su representación sindical en nueve centros nuevos, llegando ya a los 18, con 74 delegados en los comités de empresa.

Una vez concluido el proceso de elecciones sindicales, Otecas se convierte en el sindicato mayoritario en los centros concertados de Asturias. Sus objetivos son «mantener el empleo, disminuir la jornada lectiva y lograr las jubilaciones parciales».

    

Vía El Comercio