Escrito por Yosi_ el sábado, 26 de diciembre de 2009
Hablar de SGAE hace mucho tiempo que es demasiado aburrido. De hecho al cabo del tiempo se ha convertido en un zumbido constante que empieza a pasar desapercibido como cualquier otra cantinela machacona, y por lo general poco hay que decir al respecto aparte de recoger los argumentos prefabricados tiempo ha (cada cual los de su bando), y dispararlos uno tras otro con una mezcla de hartura y dejadez, hasta que ambas partes son conscientes de encontrarse en un bucle si más salida que, tal vez, afilar unos cuantos cds (objeto de discordia por definición) al más puro estilo ninja y utilizarlos a modo de arma arrojadiza contra la principal cabeza visible, de turco por lo general. Últimamente, a raíz de una serie de rotundos fracasos por parte de la industria musical y cinematográfica de la mano cómplice del propio gobierno (democrático durante un día cada cuatro años, nótese), lo que hasta ahora habían sido insultos trasnochados, amenazas y algún amago a nivel jurídico sin pies ni cabeza, han comenzado a convertirse en pretensiones legislativas para sacar los pies del tiesto y resolver en "petit comite" lo que hasta ahora requería la decisión de un juez, con todo lo que ello conlleva. Evidentemente esta acción contextualizada en el hervidero crítico hasta el absurdo (y desde el absurdo, todo sea dicho) que es Internet hoy por hoy cada vez que se toca el tema de la gratuidad de contenidos y el yate o no-yate de los quejumbrosos colegas de Miami (también denominados "artistas" en el argot, pero en cualquier caso sin tener nada que ver con el término definido por la RAE), ha producido una avalancha de protestas encendidas con el fervor de quien, a juzgar por la concienciación y la consciencia de la que habitualmente se hace gala en esta sociedad, no sabe demasiado bien de qué habla ni por qué lo hace, pero está completamente seguro de tener razón. Porque, sin ánimo de emprender alegatos elitistas, esta no es la primera ni la segunda actuación de un gobierno contra la libertad de expresión, la presunción de inocencia u otros principios básicos, aunque duela mucho más la posibilidad de tener que soltar la gallina para conseguir el último Call of Duty, o el último recopilatorio de los 40, que lo que le pase entre las paredes de una comisaría a algún chaval etiquetado como terrorista según el criterio de la misma administración que pretende actuar en este caso.