El Gobierno regional mediará hoy entre las patronales y los sindicatos para acercar posturas sobre el incremento salarial
Las centrales piden a la Administración que revise los contratos con las empresas para que la subida sea mayor que el IPC
ELENA RODRÍGUEZ/GIJÓN
El 90% de los trabajadores del sector de la limpieza en Asturias secundaron ayer el primer día de huelga convocada por UGT y CC OO en el ámbito público y privado para exigir un incremento salarial que «dignifique los salarios que actualmente ascienden a 782 euros brutos mensuales». Los datos del seguimiento corresponden a las estimaciones hechas por las organizaciones sindicales, ya que las patronales no ofrecieron cifras al respecto.
Según los representantes de los trabajadores, el paro fue del 100% en los grandes grupos industriales, como Arcelor, Hunosa y Asturiana de Zinc (AZSA), y del 90% en la Administración y los centros más pequeños debido a las «amenazas de algunas empresas e, incluso de clientes, como entidades de seguros, que coaccionaron a las limpiadoras con contratar a otra persona, pero no lo vamos a tolerar», advirtieron.
La jornada comenzó, a primera hora de la mañana, con asambleas en las casas sindicales de todas las comarcas. Los trabajadores decidieron seguir con la huelga ante la diferencia de posturas que mantienen con las patronales -Udelimpa, de ámbito regional, y Aspel, a escala nacional- sobre la subida salarial que debe recoger el convenio. UGT y CC OO piden un aumento del 8% para 2007 y otro del 6% para 2008, mientras que los empresarios plantean un alza del 3,7% durante cinco años.
Adoptada la decisión de continuar con el paro, el inicio de la huelga estuvo marcado por los piquetes informativos y protestas en las principales ciudades asturianas. En Oviedo, un grupo de manifestantes se concentró frente a El Corte Inglés y arrojó papeles al suelo, mientras que, en Gijón, lanzaron huevos contra las empresas de trabajo temporal que encontraron a su paso. En Avilés, también hubo piquetes en AZSA ante la posibilidad de que saliera de la fábrica un camión con escoria, y en Saint Gobain, tras conocerse que los trabajadores de limpieza habían recibido la comunicación para ir a trabajar.
Los trabajadores cumplieron los servicios mínimos fijados en hospitales, centros de salud, residencias, centros de día y geriátricos, pero eludieron los establecidos por el Ministerio de Fomento en el Aeropuerto de Asturias y los de la Delegación del Gobierno en el centro penitenciario de Villabona, el Instituto del Carbón, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y la Inspección de Trabajo, ya que «se fijaron sin que nadie los solicitase al comité de huelga».
De este modo, los desperdicios comenzaron a amontonarse en centros administrativos y comeciales, colegios y facultades universitarias. Según explicó la secretaria de organización de la Federación de Servicios de UGT, Herminia Canillas, la Universidad y los colegios son los que «presentarán más problemas en los próximos días» si sigue la huelga.
Canillas y su homólogo en CC OO, Mario José Alonso, insistieron en la necesidad de «dignificar los sueldos», ya que con 782 euros brutos mensuales «no se puede mantener a una familia». Recordaron de los 12.000 empleados -la mayoría, mujeres-, 9.000 son «cabeza de familia». Ante el enquiste de posturas, el director general de Trabajo del Gobierno regional, Antonio González, intentará hoy aproximar posiciones entre ambas partes.
A la espera de ese encuentro, CC OO instó a la Administración a revisar los contratos con las empresas para anular la revisión anual, con un incremento equivalente al IPC real. «Se trata de una decisión política», dijo Alonso, que pidió al Gobierno regional margen de maniobra para que las empresas puedan subir los salarios por encima de esa tasa.
La propuesta fue recogida por el coordinador local de IU en Gijón, Jesús Montes Estrada, tras la reunión que mantuvo, junto al edil de Hacienda, Pedro Sanjurjo, con los representantes sindicales. Por su parte, la presidenta del PP gijonés, Pilar Fernández Pardo, prometió que equiparará los salarios de los empleados de subcontratas que trabajan en las instalaciones municipales con los de Emulsa.