Escrito por ObservatoriuLlaboral el miércoles, 10 avientu de 2008
Según lleemos en Asturbulla:
La CSI presentará, en breve, una demanda ante el Juzgado de lo Social reclamando la "Tutela de los Derechos Fundamentales" y también sobre la "Discriminación Sindical" a la que la CSI dice haber sido relegada.
La CSI también presentará demanda penal por las irregularidades que se han cometido en el entorno de Naval Gijón por las entidades y autoridades relacionadas con la gestión, economía, finanzas y desarrollo del ERE (Expediente de Regulación y Empleo) del astillero y por el entramado e intereses empresariales que rodea esta actividad con tan nefastos resultados para sus trabajadores y para la economía regional en general, según declaran los dirigentes de la CSI.
Informe de Oposición al ERE presentado por la CSI ante la Dirección de Trabajo y Empleo de Asturias
Los tres representantes del Comité de Empresa de Naval Gijón, pertenecientes a la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, presentaron un largo y detallado informe oponiéndose al Expediente de Regulación de Empleo, ERE, solicitado por el Astillero que alega causas económicas y productivas para su cierre, ante la Dirección de Trabajo y Empleo.
Los miembros del Comité, representantes de la CSI, basan la petición de nulidad en las numerosas irregularidades legales, económicas, formales y de procedimiento que se han ido produciendo a lo largo de las negociaciones de tal modo que, invalidan de por sí, el ERE que afecta a toda la plantilla y que lleva al cierre definitivo del astillero.
Aunque por una parte todo el Comité de Empresa manifestó que no acudirían a la reunión si no se les entregaba la documentación e informes sobre los que poder negociar y proponer alternativas sin embargo, el día 3 de diciembre, la empresa presenta un acuerdo negociado dos días antes con CCOO y UGT, al margen de los tres representantes de la CSI y que, incluso, sale publicado, al mismo tiempo, en la prensa regional.
El escrito presentado por la CSI describe la historia del astillero y considera que su actividad está rodeada de irregularidades económicas, financiaras y legales. Consideran también, en primer lugar, que la Dirección de Trabajo de Asturias no es competente para resolver el ERE presentado porque afecta a varias comunidades autonómicas y por la trascendencia social que supondría la pérdida de mil puestos de trabajo. Consideran además, que el Director de Trabajo no es competente por ser un puesto político dependiente del Consejero de Industria que es, por otra parte, consejero de PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), la sociedad que es la que dirige Naval Gijón y ahora protagoniza su cierre.
El proceso de negociación comienza con un escrito de Naval Gijón dirigido a los representantes de los trabajadores y acompañado de una documentación incompleta que no se ajustada a lo estipulado por la ley, como así se desprende del escrito presentado. A pesar de los requerimientos del Comité de Empresa, Naval Gijón en ningún momento aportó la documentación que es exigible legalmente en un expediente de estas características. Por esta razón no es posible que se pueda iniciar una negociación al carecer de documentos e informes esenciales sobre lo que se va a negociar. Esto niega y conduce a la ruptura del principio de buena fe que ha de presidir cualquier acuerdo.
Pero, es más, la empresa falseó los datos económicos en la documentación que entregó al Comité, según se expresa claramente en el escrito presentado. Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil pertenecientes a los años 2005 y 2006, son distintas a las entregadas al Comité de Empresa. Esta falsificación es todavía más grave para el 2007 porque estas cuentas no aparecen ni registradas ni auditadas, de tal modo que lo entregado al Comité puede estar aún mas falseado.
Todos estos hechos y las argumentaciones descritas nos han de llevar a que el ERE presentado, y a pesar de existir un acuerdo del Comité de Empresa y la votación de la asamblea, no puede validar un procedimiento con tan graves incumplimientos del mandato legal que no es susceptible de ser subsanado por acuerdo de ningún Comité y, menos aún, ante la existencia de fraude, dolo, coacción, falsificación y abuso del derecho, como así se argumenta en el escrito presentado.
La ilegalidad mas evidente en la tramitación del expediente es, por un lado, no entregar al Comité de Empresa la documentación exigida, y obligada por ley, lo que priva al Comité de poder negociar y aportar medidas para resolver o aminorar el expediente y, por otro lado, que la negociación se llevó al margen del conjunto del Comité, pues es evidente, y así se refleja en los medios de comunicación, que el acuerdo se llevó entre PYMAR y las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, sin que nada se hubiera negociado. Con este preámbulo Naval Gijón presenta un documento final, como el "ultimo y definitivo" en el que dice recoger las peticiones de CCOO y UGT que coinciden con la empresa en cerrar el astillero coincidiendo también con PYMAR, la Cosejería de Industria, su Consejero Graciano Torre y con la Administración regional y del Estado.
Se confirma que el cierre de Naval Gijón se negoció de forma irregular con una parte del Comité de Empresa: el astillero comenzó a vender la maquinaría y la chapa en perfecto estado ya que conocía su inminente cierre y, además, con bastante antelación a la presentación del ERE. Todo ello está constatado por la Inspección de Trabajo y con el beneplácito de la Administración.
Conforme a lo expuesto, los tres miembros firmantes del Comité de Empresa pertenecientes a la CSI, solicitan que se declare a la Autoridad Laboral de Asturias incompetente para decidir o resolver sobre el cierre del astillero y que se deniegue el Expediente de Regulación de Empleo solicitado por Naval Gijón.