Los más de 70 expertos docentes que venían impartiendo cursos de formación ocupacional para parados en los centros de Oviedo, Gijón, Avilés y La Felguera denunciarán "en cascada" al Gobierno regional por haber dejado de contar con sus servicios.
Así lo ha señalado hoy el portavoz de este colectivo, Alberto Muñoz, tras participar junto a una quincena de expertos docentes en una protesta en Olloniego, con motivo de la presencia del jefe del Ejecutivo asturiano, Vicente Álvarez Areces, y del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, en la colocación de la primera piedra de la nueva Escuela de formación del Automóvil.
Su protesta terminó con uno de los manifestantes, que responde a las iniciales F.R., detenido y esposado por la Guardia Civil al no contar con identificación.
Muñoz, tras criticar la actuación de las fuerzas de seguridad, ha asegurado que el consejero de Educación se niega a dialogar con ellos y el que no les quiere contratar para impartir cursos de formación este año.
En su opinión, el Gobierno asturiano quiere contratar a empresas particulares para que se hagan cargo de los cursos de formación a parados en los cuatro centros de los que dispone en la región por lo que han decidido iniciar la batalla en los tribunales.
Muñoz ha recordado que el Juzgado de lo Social numero 2 de Oviedo ha condenado hace unos días al Gobierno asturiano a readmitir como trabajador indefinido-discontinuo o a indemnizar con cerca de 36.000 euros a un docente de Formación Ocupacional que desde hacía años venía realizando ese trabajo con distintos contratos y en distintos centros.
El trabajador se había incorporado al fichero homologado de Expertos Docentes del INEM en 1992 y desde esa fecha había sido contratado en distintas ocasiones para impartir cursos de formación para parados en los centros de Avilés y Oviedo, el último de ellos en julio de 2008, con vigencia hasta noviembre del mismo año.
Ante la decisión del Principado de no volver a contratarle para impartir cursos de formación para este año, dado que la Consejería de Educación ha decidido variar la forma de contratación, el demandante decidió reclamar judicialmente que le fuera reconocida u situación de trabajador indefinido-discontinuo.
La sentencia considera que sí había relación laboral, primero con el INEN, y posteriormente, cuando se hizo cargo de las competencias, con el Principado desde diciembre de 1993 por lo que considera el despido "improcedente".