Argumenta que el dueño no ha buscado alternativas para salir de la «difícil situación económica»
SUSANA NEIRA/OVIEDO
La solución aportada ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 por el dueño de la loza de San Claudio, Álvaro Ruiz de Alda, para reducir los número rojos en la fábrica se correspondía «con la opción que más fácil resulta desde el punto de vista empresarial y que a la par más perjudica al colectivo de trabajadores».
El magistrado Alfonso Muñoz Paredes ha fallado a favor de la plantilla por partida doble, al denegar al empresario el permiso para el despido masivo 89% de los 144 contratos de la centenaria factoría. También rechaza el desvío de la producción de un pedido a Marruecos, solicitado por Ruiz de Alda a través de otro procedimiento.
Al juez no le convencen ni los argumentos ni las cifras del dueño para reducir una deuda de casi tres millones de euros mediante la reducción de empleados. «Es indudable que la empresa se halla en una difícil situación económica, pero ello no justifica una extinción colectiva de semejante calado», considera Muñoz Paredes.
La sentencia enumera en seis puntos por qué no se ha aceptado el plan de viabilidad propuesto por Ruiz de Alda el pasado enero. Entonces planteó, junto a los despidos, el traslado de la fabricación al extranjero, y el del almacenaje a una nave de alquiler en Oviedo.
En uno de estos apartados, el magistrado hace referencia además al futuro de las instalaciones. Su propuesta «dejaría en el aire el futuro del principal activo de la sociedad, los terrenos donde se ubica la fábrica actual», advierte.
Precisamente sobre este aspecto han ido la mayor parte de las críticas en las últimas semanas. Desde un principio, se especuló con la posibilidad de que Ruiz de Alda quisiera conseguir beneficios con la venta de los terrenos. A petición del comité de empresa, el Ayuntamiento se comprometió a no recalificar el uso para uso residencial.
Dudas comunes
El juez duda también el argumento de que estas «drásticas» medidas permitirían alcanzar unos beneficios brutos de 391.125 euros, y de que una reducción menor de la plantilla continuaría motivando pérdidas.
«Este juzgado ya ha tenido oportunidad de expresar sus dudas sobre la exactitud de los datos y cifras proporcionados por la concursada (la empresa), dudas que comparte con la representación de los trabajadores», estima.
Otro de los aspectos que avalan el fallo en favor de la continuidad de la plantilla, según la sentencia, es que la empresa no ha aceptado otras opciones «menos gravosas» para los trabajadores, como prejubilaciones, bajas incentivadas o la percepción de ayudas públicas. Tampoco ha negociado con la plantilla un incremento de las indemnizaciones ni buscado socios interesados en el negocio, dice.
Con estos argumentos, el juez estima que la propuesta presentada por la dirección parece «más propia de una fase de liquidación» que del actual procedimiento concursal.
En cuanto a la segunda sentencia, el Juzgado de lo Mercantil rechaza el desvío a Marruecos de los últimos procesos para un pedido de El Corte Inglés de 310.000 piezas. Alega, entre otras razones, las «omisiones e inexactitudes interesadas de los datos económicos», así como su «falta de congruencia». Considera más veraz la defensa de los trabajadores, quienes calculan que las piezas en Asturias resultarían 0,04 euros más baratas cada una.
Tras conocer el auto, el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, también manifestó ayer que su opinión sobre la decisión judicial. «Pone de manifiesto que se puede continuar la actividad en San Claudio y el empleo de manera significativa», aseguró. El consejero ha pedido una reunión a Ruiz de Alda para esta semana con la intención de buscar un plan que garantice el futuro de la fábrica, según dijo.