Argumenta que el dueño no ha buscado alternativas para salir de la «difícil situación económica»
SUSANA NEIRA/OVIEDO
La solución aportada ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 por el dueño de la loza de San Claudio, Álvaro Ruiz de Alda, para reducir los número rojos en la fábrica se correspondía «con la opción que más fácil resulta desde el punto de vista empresarial y que a la par más perjudica al colectivo de trabajadores».
El magistrado Alfonso Muñoz Paredes ha fallado a favor de la plantilla por partida doble, al denegar al empresario el permiso para el despido masivo 89% de los 144 contratos de la centenaria factoría. También rechaza el desvío de la producción de un pedido a Marruecos, solicitado por Ruiz de Alda a través de otro procedimiento.
Al juez no le convencen ni los argumentos ni las cifras del dueño para reducir una deuda de casi tres millones de euros mediante la reducción de empleados. «Es indudable que la empresa se halla en una difícil situación económica, pero ello no justifica una extinción colectiva de semejante calado», considera Muñoz Paredes.
La sentencia enumera en seis puntos por qué no se ha aceptado el plan de viabilidad propuesto por Ruiz de Alda el pasado enero. Entonces planteó, junto a los despidos, el traslado de la fabricación al extranjero, y el del almacenaje a una nave de alquiler en Oviedo.
En uno de estos apartados, el magistrado hace referencia además al futuro de las instalaciones. Su propuesta «dejaría en el aire el futuro del principal activo de la sociedad, los terrenos donde se ubica la fábrica actual», advierte.
Precisamente sobre este aspecto han ido la mayor parte de las críticas en las últimas semanas. Desde un principio, se especuló con la posibilidad de que Ruiz de Alda quisiera conseguir beneficios con la venta de los terrenos. A petición del comité de empresa, el Ayuntamiento se comprometió a no recalificar el uso para uso residencial.
Dudas comunes
El juez duda también el argumento de que estas «drásticas» medidas permitirían alcanzar unos beneficios brutos de 391.125 euros, y de que una reducción menor de la plantilla continuaría motivando pérdidas.
«Este juzgado ya ha tenido oportunidad de expresar sus dudas sobre la exactitud de los datos y cifras proporcionados por la concursada (la empresa), dudas que comparte con la representación de los trabajadores», estima.
Otro de los aspectos que avalan el fallo en favor de la continuidad de la plantilla, según la sentencia, es que la empresa no ha aceptado otras opciones «menos gravosas» para los trabajadores, como prejubilaciones, bajas incentivadas o la percepción de ayudas públicas. Tampoco ha negociado con la plantilla un incremento de las indemnizaciones ni buscado socios interesados en el negocio, dice.
Con estos argumentos, el juez estima que la propuesta presentada por la dirección parece «más propia de una fase de liquidación» que del actual procedimiento concursal.
En cuanto a la segunda sentencia, el Juzgado de lo Mercantil rechaza el desvío a Marruecos de los últimos procesos para un pedido de El Corte Inglés de 310.000 piezas. Alega, entre otras razones, las «omisiones e inexactitudes interesadas de los datos económicos», así como su «falta de congruencia». Considera más veraz la defensa de los trabajadores, quienes calculan que las piezas en Asturias resultarían 0,04 euros más baratas cada una.
Tras conocer el auto, el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, también manifestó ayer que su opinión sobre la decisión judicial. «Pone de manifiesto que se puede continuar la actividad en San Claudio y el empleo de manera significativa», aseguró. El consejero ha pedido una reunión a Ruiz de Alda para esta semana con la intención de buscar un plan que garantice el futuro de la fábrica, según dijo.
Con la primera batalla perdida, al dueño de la fábrica le quedan ahora varias opciones: puede recurrir ambas sentencias y esperar un nuevo fallo, solicitar la liquidación de la fábrica o plantear un nuevo plan. Incluso los propios administradores concursales, encargados de reducir la deuda de la empresa, podrían pedir el cierre.
Consciente de que el futuro de San Claudio sigue en el aire, la presidenta del comité de empresa, María José Mon, reconoció ayer que este fallo no es más que «un balón de oxígeno después de tanta tensión y nerviosismo».
Mon sabe que la continuidad de la fábrica no está garantizada. «Esto no nos resuelve el problema, pero sí que nos da fuerzas para seguir luchando», aseguró ayer.
Aún con todo, la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 les permite ganar tiempo «para luchar por la fábrica» y seguir negociando.
La plantilla prevé llegar este miércoles al Ayuntamiento el plan de viabilidad elaborado por el Instituto Cies y financiado por las arcas municipales. Según indicó Mon, el análisis demuestra que la fábrica es viable manteniendo al 75% de la actual plantilla.
En caso de que Ruiz de Alda se acoja al proceso de liquidación, este estudio les será de gran ayuda. «Entraríamos entonces en un proceso que puede durar dos meses, y ahí sí que estaría obligado a solicitar y tener en cuenta este plan de viabilidad».
MANUEL NOVAL/POLA DE SIERO
El alcalde de Siero, Juan José Corrales, ha anunciado que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo por la que se estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Unión Sindical Obrera (USO) contra las bases de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo de jefe de servicio de la Oficina de Gestión Presupuestaria de Siero.
El titular del juzgado consideraba en la sentencia que dichas bases eran «contrarias a derecho y nulas», según indica el fallo.
El argumento en que se basa es que la plaza creada por el el equipo de gobierno de Siero entra en colisión con las atribuciones de la interventora municipal.
En el mismo sentido se había pronunciado ya antes de la sentencia, el concejal y presidente del PP de Siero, Eduardo Martínez, al señalar que «o bien se cogían funciones de la Intervención de Fondos y entonces era ilegal, o bien no se cogían y entonces carecía de funciones, con lo cual era una malversación de fondos públicos». Además, señalaba que la jefatura era «ilegal, porque supone adjudicar una plaza a dedo».
Por esta razón, el concejal del Partido Popular pedía que alguien dimitiera en el equipo de gobierno tripartito. El alcalde, ya en el momento en que salió la sentencia se abstuvo de hacer declaraciones y ahora ha preferido también el silencio.
Su argumento es que, ya que el municipio interpondrá el recurso y la sentencia no es firme, «no cabe, entonces, hacer especulaciones políticas sobre una resolución judicial que «no siendo firme no puede ser ejecutada y carece por tanto de efecto». En el momento en que se resuelva el recurso, el regidor se pronunciará al respecto.
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA/GIJÓN
El Principado cifra en seis mil los jóvenes asturianos con estudios universitarios que se encuentran en el paro, a la espera de acceder al mercado laboral. Lo paradójico es que otro número igual de jóvenes titulados menores de 30 años fueron contratados en 2006 por las empresas de la región. Ambos datos fueron expuestos ayer por el director del Servicio Público de Empleo, José Luis Álvarez, durante la apertura del VI Foro de Empleo -organizado por la Universidad de Oviedo, que se celebra estos días Gijón. Con esta iniciativa se pretende fomentar las relaciones laborales entre empresas y recién titulados o estudiantes.
Álvarez destacó la importancia de consolidar este tipo de foros como una oportunidad de generar contactos a corto plazo. No obstante, consideró que es igualmente necesario que los jóvenes asturianos «aprendan a mirar y reflexionar» sobre su porvenir profesional ante los sucesivos cambios que se producen en el marco de una sociedad globalizada. En este sentido, el director del Servicio Público de Empleo sostuvo que los jóvenes titulados tienen ante sí una ocasión de percibir más de cerca cómo va a ser la competencia que les espera en el mercado de trabajo y, a su vez, tener un mayor grado de conocimiento sobre los perfiles que buscan las empresas. «Deben aprender a mirar y ver qué es lo que ocurre en otros lugares», asegura José Luis Álvarez, que no oculta una cierta preocupación ante los seis mil parados universitarios que aguardan en el Principado una oportunidad laboral.
«Es una cantidad muy importante, pero no hay que olvidar que la mitad de los seis mil parados están localizados en seis titulaciones concretas. La mayoría de letras», añadió el representante del Ejecutivo asturiano, que apuntó como carreras con menor salida laboral las de Magisterio, Relaciones Laborales, Empresariales, Enfermería, Derecho y Trabajo Social.
A pesar del pesimismo que puede transmitir este dato, Álvarez insistió en que el mercado laboral en el Principado requiere en la actualidad de un alto perfil de cualificación en áreas concretas.
«Las administraciones públicas, la Universidad y las personas que tienen que tomar una decisión sobre la carrera que quieren hacer deben ser conscientes de las necesidades del mercado y de la poca salida que tienen algunas titulaciones», aseguró el director del Servicio Público de Empleo, que apostó por un «reciclaje» progresivo.
No todos los datos ofrecen una interpretación negativa. Así, los programas puestos en marcha por el Principado para promover la contratación de jóvenes trasladan un mensaje de optimismo, dada su capacidad para absorber a una buena parte de los jóvenes que han terminado sus estudios superiores.
Según los datos ofrecidos ayer por José Luis Álvarez en la apertura del VI Foro de Empleo, durante el ejercicio de 2006 las empresas formalizaron la contratación de más de seis mil jóvenes menores de 30 años con titulaciones.
Una cifra que cobra más valor si se tiene en cuenta el incremento experimentado respecto a 2005, cuando sólo pudieron encontrar un empleo cuatro en empresas asturianas mil titulados. «Esta dinámica es positiva e invita a pensar en un cambio de tendencia tras las buenas perspectivas de los últimos años», apuntó Álvarez.
Cambio de mentalidad
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, apuntó a la «mentalidad» como el principal problema que arrastra Asturias por encima de las «circunstancias económicas». Por este motivo, avala el crecimiento y el desarrollo de encuentros a dos bandas entre las empresas y los titulados. «Debemos pensar que somos capaces de ser capaces», señaló Villaverde.
Por su parte, el concejal socialista de Promoción Económica, José María Pérez, suscribió estas palabras y destacó que este «es un buen momento para la inserción laboral de los jóvenes».
El comité de empresa de Ence-Navia ha amenazado con nuevas movilizaciones. Los sindicatos (UGT, CC OO, SU y SIG) han acordado elevar a la dirección e la empresa sus quejas por las supuestas negociaciones «al margen del convenio laboral actual».
Las centrales sindicales aseguran que, «en el caso de que no cesen estas prácticas», recurrirán a más movilizaciones, aunque no han concretado qué tipo de protestas están dispuestas a llevar a cabo.
Los sindicatos de la fábrica de Ence en Navia no son los únicos que han protestado. También lo han hecho, y de forma conjunta, los representantes en Pontevedra y Huelva. De momento, han constituido una comisión, compuesta por ocho miembros, que coordinará las acciones futuras.