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Escrito por Torres el jueves, 15 de mayo de 2008

La “Directiva de la vergüenza” frenada, ¿por mucho tiempo…?

José A. García - ATTAC Pais Valenci�

La Directiva europea de retorno de emigrantes ilegales, también conocida como “Directiva de la vergüenza”, propuesta por la Comisión Europea en el 2005 se votó el pasado día 7 de mayo en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea (COREPER), como paso previo a su votación en el Parlamento Europeo, prevista para el día 5 de junio.

Afortunadamente, el Parlamento Europeo no podrá someter a votación esta Directiva, pues 11 de los 27 países miembros votaron en contra (España lo hizo a favor) en el COREPER, no obteniéndose la mayoría cualificada necesaria para su aprobación. Esta norma, destinada a la repatriación por la vía rápida de personas que se encuentren de manera irregular en el territorio de la UE contemplaba, entre otras medidas:

* La posibilidad de retener a las personas sin papeles hasta 18 meses en centros de internamiento con una mera orden administrativa; es decir, sin la intervención preceptiva del juez, que se limitaría a confirmar la decisión “lo antes posible” (contra el plazo de 72 horas inicialmente previsto).
* La posibilidad de internar en los mismos centros a personas mayores de edad y a niños.
* La prohibición de entrar al territorio de la Unión Europea durante un periodo de 5 años para todos los que sean expulsados.

A la vista de estas medidas no es de extrañar que numerosas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes realizaran una fuerte campaña en contra (http://directivadelaverguenza.org/ ) y que se manifestaran el 7 de mayo en Bruselas. La Directiva de la vergüenza, como ellas la bautizaron, al final no ha salido adelante; pero, ¿debemos congratularnos por esta pequeña victoria? Si atendemos a algunos de los motivos de los representantes de los Estados miembros que votaron NO, desde luego que no debemos estar demasiado contentos, sino que más bien podemos escandalizarnos. Estos son algunos de los motivos que se podían leer en el diario ABC (perdón por la fuente…):

* Reino Unido y Suecia votaron negativamente porque, para ellos, el plazo de retención de hasta 18 meses que establecía la Directiva propuesta es excesivamente limitado, pues sus legislaciones (y las de otros 7 países más de la UE) permiten retener ilimitadamente a las personas sin papeles.
* Austria, Alemania y Grecia se han opuesto a que los Estados tengan que asumir los costes de la asistencia jurídica a los inmigrantes, tal y como planteaba la Directiva.
* Francia no está de acuerdo con el periodo de retorno voluntario establecido en 6 meses para los menores, pues pretende que su expulsión pueda ser también inmediata.

La no aprobación de la Directiva, sin embargo, sólo supone una pequeña piedra en el camino. Como ya ocurriera con la Constitución Europea relanzada en el Tratado de Lisboa tras el rechazo en referendum por los ciudadanos holandeses y franceses, la Comisión Europea ya ha anunciado que habrá que renegociar algunas modificaciones para que la Directiva de retorno pueda seguir adelante. Ahora bien, que la nueva reformulación de la Directiva recoja las quejas mencionadas de los Estados miembros, o que, por el contrario, recoja las protestas de los ciudadanos, dependerá del ruido que éstos sean –seamos- capaces de hacer.

Precisamente para hacer ruido, para quejarse, uno tiene que estar informado y precisamente por la falta de información y de participación ciudadana con la que se toman las decisiones en la Unión Europea es por lo que el espacio legislativo europeo constituye un lugar perfecto donde tomar este tipo de decisiones vergonzosas. Lejos de miradas indiscretas, de ciudadanos curiosones y de la presión inmediata de los medios de comunicación, cada día se fraguan se podría decir que casi con total impunidad y anonimato unas decisiones que cuando llegan a nuestros oídos ya están tomadas.

Más que nunca parece oportuno reivindicar aquella frase de Federico Mayor Zaragoza, “democracia no es que te cuenten, es que te tengan en cuenta”. Y más que nunca parece ser necesario recordar a los que nos gobiernan allá lejos, en las Europas, que los estamos vigilando, y que somos conscientes no solamente de cuáles son nuestros derechos como europeos, sino de cuáles son los derechos de cualquier ser humano.

Por si no fuera bastante con los recortes progresivos pero constantes de nuestros derechos sociales y económicos que viene llevando a cabo la Unión Europea; ahora va en contra de los más elementales principios de justicia, de los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, derechos garantizados -entre otras- en nuestra Constitución de 1978; derechos que se consideran inspiradores de todo el ordenamiento jurídico y que son el “fundamento de la paz social”.

¿Retener (que no detener) a alguien hasta 18 meses sin que haya cometido un solo delito? ¿Y sin intervención de juez alguno? Personalmente, me pone los pelos como escarpias pensar que tales sandeces son propuestas serias de la Comisión Europea y no de algún paleto -con perdón- de mi barrio. No hace falta saber demasiado Derecho para darse cuenta de que eso es una detención ilegal, un secuestro en toda regla. Tampoco hace falta ser un profundo conocedor de la globalización o de las relaciones internacionales para darse cuenta que la restricción de los derechos de los migrantes no es la solución para arreglar lo que es simplemente un problema de redistribución. Nuestros gobernantes europeos y nacionales deben saber que el problema de las migraciones durará justamente el tiempo que perdure el esquema económico que las hace necesarias. Por el cambio de ese injusto esquema pasa la solución y no por la restricción de los derechos de las personas.


La noticia en la web de ATTAC

Ahora procedería expresar mi rabia, pero lo suscribo en las palabras del señor Ortiz:

No sé si la mayoría de nuestros conciudadanos ignora lo que se está discutiendo en Bruselas sobre el trato legal que debe dispensarse a los inmigrantes sin papeles o es que le importa un bledo. Quizá sean las dos cosas.

En Bruselas la UE está debatiendo sobre la posibilidad de internar durante muchos meses en centros que son como cárceles, o peores, a personas que han cometido como mucho una falta administrativa, no un delito, y que no han sido condenadas judicialmente a nada. Igual que en Guantánamo.

Manfred Webber, del Partido Popular Europeo, ha dicho que el internamiento en esos centros puede servir “para hacer presión psicológica a los detenidos”. Si eso no es apología de la tortura, que venga Dios y lo vea.

Nuestros mandatarios están hablando tranquilamente en la capital de la UE incluso sobre la conveniencia de expulsar de Europa manu militari a niños y niñas inmigrantes que están a la mitad de su curso escolar. Alternativamente, hablan de la posibilidad de recluirlos en esas sub-cárceles que son los centros de internamiento. ¡Recluir a menores que no han cometido delito alguno!

Hay representantes de Estados europeos que están defendiendo en ese debate que sería mejor dejarse de tanto garantismo jurídico caro y fastidioso y favorecer de una puñetera vez las expulsiones rápidas de los inmigrantes sin papeles por vía meramente administrativa, no permitiendo que los jueces –algunos tan impertinentes– metan en ello sus narices.

Claudio Fava, representante socialista, ha afirmado que esa directiva en discusión representa una “degeneración jurídica que trata a los inmigrantes como a una subespecie humana”. Exacto.

El capitalismo salvaje europeo ha convertido a la inmigración en una subespecie humana de usar y tirar. ¿Que necesitamos mano de obra barata para que trepe a los andamios o se deslome en el campo, porque así maximizamos el margen de beneficios? Perfecto. ¿Que llegan las vacas flacas y la construcción no construye y tenemos personal autóctono dispuesto a deslomarse por el mismo precio? Pues, hala, volveos para casa, desgraciados.

A nada que rascas en esta Europa cutre, te topas con Hitler.
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Escrito por Torres el viernes, 2 de mayo de 2008

Lleva años ya fraguándose este plan y aún es difícil hacerse una idea clara de lo que significa y supone para el funcionamiento de la universidad. Esta ignorancia está originada por un lado por la falta de información oficial y de transparencia con que se está llevando a cabo y por el otro por la recepción de información crítica de un carácter claramente tendencioso. En esta ambigüedad es donde uno se topa con la dificultad de apreciar claramente las consecuencias de los pasos adelante en un camino que ya viene trazado. Con los límites de la información accesible y de mi conocimiento se puede hacer una reseña sobre las medidas que va arrastrando consigo y los puntos que están en la agenda del tema en cuestión:

*La transformación de las titulaciones en grados y postgrados. De esta manera desaparecen las diplomaturas y licenciaturas en favor del grado, que consta de un primer ciclo de 3- 4 años de un carácter más genérico. Este aumento del carácter genérico haría parecerse cada vez más diferentes planes de estudios y desarrolla una base común a carreras de la misma rama, como puede ser el caso de carreras como Sociología, Ciencia política y Economía. Para la especialización se hace más necesaria la realización del postgrado o master, que consta de una duración de 1- 2 años.

Dentro de este punto lo más criticado viene a ser la pérdida de cualificación consiguiente en cada materia, resultando necesario para lograrlo la realización del master. Como consecuencia de esa pérdida de cualificación deriva directamente una menor profundización en el conocimiento en lo referente al ámbito cultural y académico y una mano de obra menos cualificada en lo referente al ámbito laboral (con la consiguiente reducción de empleo de calidad a favor de uno más precario).

En un segundo término también cabe señalar el aumento de los precios, sobre todo el de los postgrados, de forma que se dificulta el acceso a la realización de los mismos para los que tienen menores posibilidades económicas. Al hilo de esto surge el término de elitización tan tratado alrededor del tema, ya que el fenómeno supone un paso atrás en el acercamiento a la igualdad de oportunidades y de acceso a la educación.

*Aumento del peso de trabajos, prácticas, seminarios, clases presenciales y demás trabajos a realizar por el alumno día a día.

Este método, en cuanto a su naturaleza pedagógica, no me parece merecedor de una crítica negativa ya que creo que puede facilitar una mejora en el aprendizaje y procura hacer la materia más llevadera al repartirse y racionar el peso del trabajo total. Sin embargo, se torna negativo al presentarse como un método incompatible con la compaginación de los estudios y el trabajo, de forma que salen perjudicados de nuevo los menos pudientes, los que se ven obligados a financiar sus estudios por cuenta propia.

*Sustitución de las becas públicas por becas- préstamos. De esta manera, el dinero recibido como ayuda tiene que ser devuelto una vez que se entra en el mercado laboral y siempre y cuando la renta anual sobrepase los 22.000 euros. De no darse tal condición el prestatario quedaría exento de tal pago. Un préstamo con unas condiciones bastante generosas como se puede apreciar. Sin embargo y a pesar de todo no deja de resultar alarmante el concepto y la naturaleza de lo que es un préstamo en vez de las ayudas públicas.

*El papel de la ANECA (en la cual llevan la voz cantante empresarios) como órgano competente en la evaluación de los planes de estudios, profesorado y servicios de la universidad. De esta manera se muestra de manera explícita el papel de la educación como fenómeno que atiende a los intereses de las empresas. Esta visión resulta pobre y limitada para quien entiende la universidad como algo más, algo que no se limita a ser una fábrica de trabajadores ya que debe de andar también en la senda de un desarrollo científico y cultural autónomo motivado por el bien común.


Al margen de los puntos mencionados que se vienen señalando, se ha oído recurrir al mal estado de la universidad (en términos económicos y de financiación) como pretexto para abrir las puertas a la reforma. Resulta que la financiación que obtiene la universidad es escasa, y esto dificulta su buen funcionamiento. Por ello se considera atractivo abrir las puertas a una nueva fuente de ingresos: la financiación privada. De esta manera se vería colmada la problemática de la escasez de fondos, pero hay que tener en cuenta las consecuencias que acarrea tal medida, ya que entonces la universidad tendría que rendir cuentas y tal institución debería atender (en mayor medida) a los intereses mercantiles más que a intereses públicos. En este sentido y junto con el papel que juega la ANECA se puede prever que en función de los intereses empresariales se fomenten y desarrollen los campos científicos y materias que les resulten más atractivos de cara a su productividad y utilidad mercantil, dejando de lado otras materias y campos científicos que no lo suponen tanto, de manera que se marginaría y sesgaría el desarrollo científico y cultural. A parte, partiendo de la base de que el problema es la escasez de fondos, resulta curioso ver como adoptan determinada solución y no pasan por la cuenta de aumentar el gasto público en educación, el cual se sitúa en España entre los más bajos de Europa.

En la base, el fin manifiesto del tratado dice ser la homologación de los planes a escala europea y la promoción de una mayor movilidad. En este sentido dudo que alguien se opusiera a tales objetivos, pero el fin no dice nada si no se atiende a la manera en que se lleva a cabo. En este caso, parece que el objetivo ha de cumplirse basándose en la precariedad, por lo que la idea inicial no resulta tan brillante.

En definitiva, entre toda esta ambigüedad y falta de información clara resulta difícil esclarecer si las medidas concretas mencionadas forman parte de lo que es el plan Bolonia en origen. De una manera u otra, vemos que las va arrastrando consigo en su gestación, por lo que a pesar de todo e indudablemente se aprecia lo que significa un paso de gigante en el progreso en la mercantilización que se está produciendo hoy en día de manera generalizada en nuestra sociedad. Al fin y al cabo y volviendo al principio, creo que lo peor de todo, lo más criticable, es la forma en que se está llevando a cabo: sin información por parte de las autoridades educativas, sin consultar la voluntad de los estudiantes y trabajadores de la universidad y sin dejar lugar a debate alguno. Dudo que los frutos de una medida establecida de una forma tan poco democrática puedan resultar positivos.

Jueves 8 de Mayo, a las 12:00 horas en Atocha manifestación contra la implantación del Plan Bolonia.