A pie de calle, el grueso de los ciudadanos tiene interiorizada a la perfección la idea de que la forma de ser y de actuar de las personas está determinada únicamente por la biología o la psicología. El propio ser es en todo caso último responsable de sus acciones, y si su actitud aparenta desviada, el diagnóstico es claro: sufre de una patología. Aquí surge la primera incongruencia, y es la cuestión de cuales son entonces los criterios que diagnostican la desviación del individuo si no pasan por ser culturales.

Tradicionalmente ha sido la derecha política la que ha abanderado la creencia de que se trata de patologías el mal que acecha a las personas y que las persuade para obrar mal. De esta manera, la naturaleza malévola del violador o del delincuente se conserva en las entrañas de los genes de cada uno. No hay remedio posible frente a la malicia, la crueldad o la inmoralidad que viene establecida por naturaleza, de nacimiento. En ese sentido ven que la solución idónea para evitar los conflictos en sociedad pase por someter al individuo en cuestión a castigos, ignorando el aspecto social que determina fuertemente la actitud de los individuos en sociedad. Desde la izquierda se ha tenido más sensibilidad en este aspecto, entendiendo que la naturaleza del ser humano es social y siendo, para bien o para mal, lo que nos diferencia como tales. Las vidas y las conductas de las personas están condicionadas por la sociedad en que nos manejamos, siendo determinante el papel de todos los diferentes agentes conocidos como la familia, las tradiciones, los dogmas religiosos, los medios de comunicación.., y en definitiva, la cultura. El primer problema que surge al ignorar tal realidad es el hecho de creernos realmente libres; y el segundo, la incapacidad de ir a la raíz de los problemas, a buscar las causas que llevan al individuo a actuar de una forma u otra.

Ello no conlleva obviar que en términos biológicos solo podemos hablar de la existencia de una raza en el mundo, ni tampoco la importancia de la psicología que desarrolla cada uno de forma particular. Decía Lévi-Strauss que todos pensamos el pensamiento de igual forma, aunque pensemos cosas diferentes. Y es precisamente donde terminan los límites de una base personal y de las características individuales donde toma relevancia la influencia social. Lástima que aun hoy día resulte un fenómeno que no goza de la apropiada consideración, y que sea por ello por lo que la sociología no detenta el estima adecuado. Al menos ya sabemos cual puede ser la patología social más extendida.

Es muy típico eso de recurrir a 1984, la obra más famosa de Orwell, para apoyarse en la prueba que se hace eco del excesivo poder y control de los gobiernos sobre los ciudadanos. Tanto que hoy en día se ha convertido ya en un concepto tópico. La relación entre algunas de las realidades de nuestros días y la descrita en la obra no deja de tener sentido cuando nos referimos a acontecimientos como el aumento de la vigilancia, de cámaras de seguridad en suelo público, etc. Sin embargo, parece que los que más han aprendido de la obra literaria son los mismos que se encargan de mover los hilos, y en los últimos tiempos ha predominado otra tendencia.

A partir de la década de los sesenta el franquismo impulsó su particular política de viviendas. El precio de los inmuebles se abarató, y a parte de proporcionar a los hogares y mejorar su acceso al gas butano, calefacción y agua caliente surgieron una serie de subvenciones y promociones de protección oficial que facilitaron el acceso de las familias a una vivienda. Fue en esta nueva política de vivienda donde los adeptos al régimen (convertidos en constructores) encontraron un nuevo negocio y donde las familias encontraron un motivo definitivo para permanecer atadas al trabajo y el ritmo de vida que se les imponía. La llegada del televisor y el automóvil con los legendarios Seat 600 suponían la guinda al pastel de los nuevos hábitos de consumo creados en la sociedad española. El cumplimiento y consecución de estos hábitos de consumo requería en muchos casos de trabajo y ayudas extras, lo que conllevaba en primer término condiciones precarias y en segundo el desarrollo del negocio de cajas de ahorros y bancos. Lo que estaba en juego para las familias españolas era muy importante, ya que se trataba, ni más ni menos, que de un techo donde poder disfrutar de su descanso y ocio en calma y de forma segura, y en extensión, del mantenimiento de su calidad de vida. De esta forma, no solo habían conseguido mejorar las condiciones materiales de la población, sino que se halló un nuevo mecanismo de control a la población, que ahora estaba demasiado preocupada por pagar las letras del piso, el coche y el televisor como para hacer la revolución, o como mínimo, tratar de luchar por mejorar sus condiciones laborales y de vida. No se hacen tan necesarios los mecanismos represivos de control mientras estemos en un país de propietarios, pensaron algunos.

Pero esta nueva forma de dominio no fue, ni mucho menos, concebida por el franquismo. Presenta los antecedentes en nuestro país de lo que supone una forma más sutil de control a la ciudadanía, alejada de las formas explícitas propias de la realidad orwelliana. Sin la firme amenaza del gran hermano las mayorías tienen mayor dificultad para caer en la cuenta de la realidad, y desentendidos de todo determinismo social incluso llegan a sentirse realmente libres. Esta lógica se reproducía ya incluso con antelación en el resto de occidente, y puede significar la evolución desde formas de control y dominación antiguas (cuyos protagonistas eran la religión y las relaciones primarias) a las propias de la modernidad, que se presentan en gran medida bajo la influencia del consumismo. En este sentido, fenómenos como el mismo consumismo desmesurado, alimentado por la ayuda de los medios de comunicación que instruyen en ese estilo de vida sustituyen el papel del gran hermano. Hasta ahora, la realidad predominante no era tan brusca, ya que de esta forma, incluso te sientes realizado al elegir color para tu nueva adquisición.

Hoy en día, ese control latente no ha perdido ni un ápice de importancia, pero en los últimos años y con el pretexto de la lucha antiterrorista hemos asistido al retorno de formas de control más implacables: las calles de los principales países occidentales (sobre los que destaca el caso de Estados Unidos) están abarrotadas de millones de cámaras; en los principales aeropuertos podemos asistir a numerosas detenciones preventivas cuyo móvil se basa en el aspecto; se permiten las detenciones secretas o surgen centros penitenciarios en los que las detenciones sin garantías judiciales (como la presunción de inocencia) están a la orden del día. Entiendo que la coexistencia de ambos mecanismos de control no parece incompatible. En todo caso, y a pesar de que en principio obtiene su legitimación gracias a la política del miedo, la realidad dicta que cuando las formas se asemejan a las de un estado policial la sostenibilidad de la legitimidad obtenida se torna más inestable. Con la perpetuación del poder por bandera, conviene alejarse de la áspera cotidianeidad que puede dar pie a hostilidad y decidirse por pintar la realidad con una mayor sensibilidad. Es más viable sostener un país de propietarios y consumidores que otro sumido al control absoluto, aunque al fin y al cabo, el daño sea el mismo.

De vez cuando, al repasar la información, sea en el formato que sea, te encuentras con alguna noticia que habla del escaso interés que produce la política en nuestra sociedad. Entiendo que ese carácter cíclico obedece a lo que puede resultar una característica inherente a las democracias liberales, y como tal, lo que supone su consideración como un indicador de escasa calidad y madurez democrática. Uno de tantos.


Si nos basamos en datos empíricos, en España podemos hablar de que casi el sesenta por ciento de la población desconfía de la política, o de que una de cada tres personas muestra indiferencia hacia el tema. Sin ninguna investigación de por medio y basándonos en lo experimentado en el día a día en la interacción social podemos concluir cosas similares. A uno que se resiste a rechazar la idea noble de lo que debiera ser la política le cuesta resignarse aceptando una imagen de ésta deteriorada e intoxicada por su tratamiento como asunto alejado de la responsabilidad cívica de la población en general y reservado para elites profesionales. Este panorama de distanciamiento entre la política y el interés y la participación ciudadana choca frontalmente con uno de los pilares de la esencia democrática, hoy tan devaluada y que no debería dejar hueco a la desconfianza ni a la indiferencia alimentada por la pasividad y el descontento.


Las causas para llegar a este nivel de distanciamiento y desencanto por la política van desde la naturaleza y funcionamiento del sistema de partidos políticos (de donde partimos de una situación de competencias en los asuntos públicos reservadas a elites que atienden a intereses determinados) hasta los usos y costumbres de la clase política predominante, que vuelcan todo su empeño en denotar constantemente atributos que no gozan de una óptima consideración como el cinismo o la búsqueda de intereses espurios, atajando por formas corruptas si el fin lo requiere. Precisamente y si a pesar de todo esto observamos que lo anterior se ve legitimado cotidianamente de alguna forma nos habremos acercado al quid de la cuestión: el trastorno generado en la opinión pública. En este fenómeno de enorme complejidad se pueden señalar algunos culpables protagonistas como son los medios de comunicación de masas, encargados de articular la agenda pública asegurando que el conjunto de temas que conforman el debate social sean en la medida de lo posible intrascendentes o bien brindando mediante contenidos banales la falta de espíritu crítico necesario para articular una sociedad civil robusta y preparada para la vida activa en democracia. Por supuesto que el problema entraña mayor embrollo y su análisis no quedaría completo sin revisar diferentes agentes socializadores como las instituciones educativas; pero el problema para ambos es común, ya que mientras sea el poder económico o el poder político ligado a éste quien maneje los hilos de unos u otros no se podrá dar un paso adelante. El primer paso para el cambio al menos requiere de la intención y de donde no interesa no se puede sacar. De momento importa más que el vulgo no se cuestione mucho las cosas, que así el terreno queda bien allanado.

La “Directiva de la vergüenza” frenada, ¿por mucho tiempo…?

José A. García - ATTAC Pais Valenci�

La Directiva europea de retorno de emigrantes ilegales, también conocida como “Directiva de la vergüenza”, propuesta por la Comisión Europea en el 2005 se votó el pasado día 7 de mayo en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea (COREPER), como paso previo a su votación en el Parlamento Europeo, prevista para el día 5 de junio.

Afortunadamente, el Parlamento Europeo no podrá someter a votación esta Directiva, pues 11 de los 27 países miembros votaron en contra (España lo hizo a favor) en el COREPER, no obteniéndose la mayoría cualificada necesaria para su aprobación. Esta norma, destinada a la repatriación por la vía rápida de personas que se encuentren de manera irregular en el territorio de la UE contemplaba, entre otras medidas:

* La posibilidad de retener a las personas sin papeles hasta 18 meses en centros de internamiento con una mera orden administrativa; es decir, sin la intervención preceptiva del juez, que se limitaría a confirmar la decisión “lo antes posible” (contra el plazo de 72 horas inicialmente previsto).
* La posibilidad de internar en los mismos centros a personas mayores de edad y a niños.
* La prohibición de entrar al territorio de la Unión Europea durante un periodo de 5 años para todos los que sean expulsados.

A la vista de estas medidas no es de extrañar que numerosas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes realizaran una fuerte campaña en contra (http://directivadelaverguenza.org/ ) y que se manifestaran el 7 de mayo en Bruselas. La Directiva de la vergüenza, como ellas la bautizaron, al final no ha salido adelante; pero, ¿debemos congratularnos por esta pequeña victoria? Si atendemos a algunos de los motivos de los representantes de los Estados miembros que votaron NO, desde luego que no debemos estar demasiado contentos, sino que más bien podemos escandalizarnos. Estos son algunos de los motivos que se podían leer en el diario ABC (perdón por la fuente…):

* Reino Unido y Suecia votaron negativamente porque, para ellos, el plazo de retención de hasta 18 meses que establecía la Directiva propuesta es excesivamente limitado, pues sus legislaciones (y las de otros 7 países más de la UE) permiten retener ilimitadamente a las personas sin papeles.
* Austria, Alemania y Grecia se han opuesto a que los Estados tengan que asumir los costes de la asistencia jurídica a los inmigrantes, tal y como planteaba la Directiva.
* Francia no está de acuerdo con el periodo de retorno voluntario establecido en 6 meses para los menores, pues pretende que su expulsión pueda ser también inmediata.

La no aprobación de la Directiva, sin embargo, sólo supone una pequeña piedra en el camino. Como ya ocurriera con la Constitución Europea relanzada en el Tratado de Lisboa tras el rechazo en referendum por los ciudadanos holandeses y franceses, la Comisión Europea ya ha anunciado que habrá que renegociar algunas modificaciones para que la Directiva de retorno pueda seguir adelante. Ahora bien, que la nueva reformulación de la Directiva recoja las quejas mencionadas de los Estados miembros, o que, por el contrario, recoja las protestas de los ciudadanos, dependerá del ruido que éstos sean –seamos- capaces de hacer.

Precisamente para hacer ruido, para quejarse, uno tiene que estar informado y precisamente por la falta de información y de participación ciudadana con la que se toman las decisiones en la Unión Europea es por lo que el espacio legislativo europeo constituye un lugar perfecto donde tomar este tipo de decisiones vergonzosas. Lejos de miradas indiscretas, de ciudadanos curiosones y de la presión inmediata de los medios de comunicación, cada día se fraguan se podría decir que casi con total impunidad y anonimato unas decisiones que cuando llegan a nuestros oídos ya están tomadas.

Más que nunca parece oportuno reivindicar aquella frase de Federico Mayor Zaragoza, “democracia no es que te cuenten, es que te tengan en cuenta”. Y más que nunca parece ser necesario recordar a los que nos gobiernan allá lejos, en las Europas, que los estamos vigilando, y que somos conscientes no solamente de cuáles son nuestros derechos como europeos, sino de cuáles son los derechos de cualquier ser humano.

Por si no fuera bastante con los recortes progresivos pero constantes de nuestros derechos sociales y económicos que viene llevando a cabo la Unión Europea; ahora va en contra de los más elementales principios de justicia, de los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, derechos garantizados -entre otras- en nuestra Constitución de 1978; derechos que se consideran inspiradores de todo el ordenamiento jurídico y que son el “fundamento de la paz social”.

¿Retener (que no detener) a alguien hasta 18 meses sin que haya cometido un solo delito? ¿Y sin intervención de juez alguno? Personalmente, me pone los pelos como escarpias pensar que tales sandeces son propuestas serias de la Comisión Europea y no de algún paleto -con perdón- de mi barrio. No hace falta saber demasiado Derecho para darse cuenta de que eso es una detención ilegal, un secuestro en toda regla. Tampoco hace falta ser un profundo conocedor de la globalización o de las relaciones internacionales para darse cuenta que la restricción de los derechos de los migrantes no es la solución para arreglar lo que es simplemente un problema de redistribución. Nuestros gobernantes europeos y nacionales deben saber que el problema de las migraciones durará justamente el tiempo que perdure el esquema económico que las hace necesarias. Por el cambio de ese injusto esquema pasa la solución y no por la restricción de los derechos de las personas.

La noticia en la web de ATTAC

Ahora procedería expresar mi rabia, pero lo suscribo en las palabras del señor Ortiz:

No sé si la mayoría de nuestros conciudadanos ignora lo que se está discutiendo en Bruselas sobre el trato legal que debe dispensarse a los inmigrantes sin papeles o es que le importa un bledo. Quizá sean las dos cosas.

En Bruselas la UE está debatiendo sobre la posibilidad de internar durante muchos meses en centros que son como cárceles, o peores, a personas que han cometido como mucho una falta administrativa, no un delito, y que no han sido condenadas judicialmente a nada. Igual que en Guantánamo.

Manfred Webber, del Partido Popular Europeo, ha dicho que el internamiento en esos centros puede servir “para hacer presión psicológica a los detenidos”. Si eso no es apología de la tortura, que venga Dios y lo vea.

Nuestros mandatarios están hablando tranquilamente en la capital de la UE incluso sobre la conveniencia de expulsar de Europa manu militari a niños y niñas inmigrantes que están a la mitad de su curso escolar. Alternativamente, hablan de la posibilidad de recluirlos en esas sub-cárceles que son los centros de internamiento. ¡Recluir a menores que no han cometido delito alguno!

Hay representantes de Estados europeos que están defendiendo en ese debate que sería mejor dejarse de tanto garantismo jurídico caro y fastidioso y favorecer de una puñetera vez las expulsiones rápidas de los inmigrantes sin papeles por vía meramente administrativa, no permitiendo que los jueces –algunos tan impertinentes– metan en ello sus narices.

Claudio Fava, representante socialista, ha afirmado que esa directiva en discusión representa una “degeneración jurídica que trata a los inmigrantes como a una subespecie humana”. Exacto.

El capitalismo salvaje europeo ha convertido a la inmigración en una subespecie humana de usar y tirar. ¿Que necesitamos mano de obra barata para que trepe a los andamios o se deslome en el campo, porque así maximizamos el margen de beneficios? Perfecto. ¿Que llegan las vacas flacas y la construcción no construye y tenemos personal autóctono dispuesto a deslomarse por el mismo precio? Pues, hala, volveos para casa, desgraciados.

A nada que rascas en esta Europa cutre, te topas con Hitler.

Lleva años ya fraguándose este plan y aún es difícil hacerse una idea clara de lo que significa y supone para el funcionamiento de la universidad. Esta ignorancia está originada por un lado por la falta de información oficial y de transparencia con que se está llevando a cabo y por el otro por la recepción de información crítica de un carácter claramente tendencioso. En esta ambigüedad es donde uno se topa con la dificultad de apreciar claramente las consecuencias de los pasos adelante en un camino que ya viene trazado. Con los límites de la información accesible y de mi conocimiento se puede hacer una reseña sobre las medidas que va arrastrando consigo y los puntos que están en la agenda del tema en cuestión:

*La transformación de las titulaciones en grados y postgrados. De esta manera desaparecen las diplomaturas y licenciaturas en favor del grado, que consta de un primer ciclo de 3- 4 años de un carácter más genérico. Este aumento del carácter genérico haría parecerse cada vez más diferentes planes de estudios y desarrolla una base común a carreras de la misma rama, como puede ser el caso de carreras como Sociología, Ciencia política y Economía. Para la especialización se hace más necesaria la realización del postgrado o master, que consta de una duración de 1- 2 años.

Dentro de este punto lo más criticado viene a ser la pérdida de cualificación consiguiente en cada materia, resultando necesario para lograrlo la realización del master. Como consecuencia de esa pérdida de cualificación deriva directamente una menor profundización en el conocimiento en lo referente al ámbito cultural y académico y una mano de obra menos cualificada en lo referente al ámbito laboral (con la consiguiente reducción de empleo de calidad a favor de uno más precario).

En un segundo término también cabe señalar el aumento de los precios, sobre todo el de los postgrados, de forma que se dificulta el acceso a la realización de los mismos para los que tienen menores posibilidades económicas. Al hilo de esto surge el término de elitización tan tratado alrededor del tema, ya que el fenómeno supone un paso atrás en el acercamiento a la igualdad de oportunidades y de acceso a la educación.

*Aumento del peso de trabajos, prácticas, seminarios, clases presenciales y demás trabajos a realizar por el alumno día a día.

Este método, en cuanto a su naturaleza pedagógica, no me parece merecedor de una crítica negativa ya que creo que puede facilitar una mejora en el aprendizaje y procura hacer la materia más llevadera al repartirse y racionar el peso del trabajo total. Sin embargo, se torna negativo al presentarse como un método incompatible con la compaginación de los estudios y el trabajo, de forma que salen perjudicados de nuevo los menos pudientes, los que se ven obligados a financiar sus estudios por cuenta propia.

*Sustitución de las becas públicas por becas- préstamos. De esta manera, el dinero recibido como ayuda tiene que ser devuelto una vez que se entra en el mercado laboral y siempre y cuando la renta anual sobrepase los 22.000 euros. De no darse tal condición el prestatario quedaría exento de tal pago. Un préstamo con unas condiciones bastante generosas como se puede apreciar. Sin embargo y a pesar de todo no deja de resultar alarmante el concepto y la naturaleza de lo que es un préstamo en vez de las ayudas públicas.

*El papel de la ANECA (en la cual llevan la voz cantante empresarios) como órgano competente en la evaluación de los planes de estudios, profesorado y servicios de la universidad. De esta manera se muestra de manera explícita el papel de la educación como fenómeno que atiende a los intereses de las empresas. Esta visión resulta pobre y limitada para quien entiende la universidad como algo más, algo que no se limita a ser una fábrica de trabajadores ya que debe de andar también en la senda de un desarrollo científico y cultural autónomo motivado por el bien común.


Al margen de los puntos mencionados que se vienen señalando, se ha oído recurrir al mal estado de la universidad (en términos económicos y de financiación) como pretexto para abrir las puertas a la reforma. Resulta que la financiación que obtiene la universidad es escasa, y esto dificulta su buen funcionamiento. Por ello se considera atractivo abrir las puertas a una nueva fuente de ingresos: la financiación privada. De esta manera se vería colmada la problemática de la escasez de fondos, pero hay que tener en cuenta las consecuencias que acarrea tal medida, ya que entonces la universidad tendría que rendir cuentas y tal institución debería atender (en mayor medida) a los intereses mercantiles más que a intereses públicos. En este sentido y junto con el papel que juega la ANECA se puede prever que en función de los intereses empresariales se fomenten y desarrollen los campos científicos y materias que les resulten más atractivos de cara a su productividad y utilidad mercantil, dejando de lado otras materias y campos científicos que no lo suponen tanto, de manera que se marginaría y sesgaría el desarrollo científico y cultural. A parte, partiendo de la base de que el problema es la escasez de fondos, resulta curioso ver como adoptan determinada solución y no pasan por la cuenta de aumentar el gasto público en educación, el cual se sitúa en España entre los más bajos de Europa.

En la base, el fin manifiesto del tratado dice ser la homologación de los planes a escala europea y la promoción de una mayor movilidad. En este sentido dudo que alguien se opusiera a tales objetivos, pero el fin no dice nada si no se atiende a la manera en que se lleva a cabo. En este caso, parece que el objetivo ha de cumplirse basándose en la precariedad, por lo que la idea inicial no resulta tan brillante.

En definitiva, entre toda esta ambigüedad y falta de información clara resulta difícil esclarecer si las medidas concretas mencionadas forman parte de lo que es el plan Bolonia en origen. De una manera u otra, vemos que las va arrastrando consigo en su gestación, por lo que a pesar de todo e indudablemente se aprecia lo que significa un paso de gigante en el progreso en la mercantilización que se está produciendo hoy en día de manera generalizada en nuestra sociedad. Al fin y al cabo y volviendo al principio, creo que lo peor de todo, lo más criticable, es la forma en que se está llevando a cabo: sin información por parte de las autoridades educativas, sin consultar la voluntad de los estudiantes y trabajadores de la universidad y sin dejar lugar a debate alguno. Dudo que los frutos de una medida establecida de una forma tan poco democrática puedan resultar positivos.

Jueves 8 de Mayo, a las 12:00 horas en Atocha manifestación contra la implantación del Plan Bolonia.

Alguien tira una valla al suelo. Una simple valla de obra, de las de siempre, de las amarillas. Creo que hay fenómenos más trascendentes e importantes que afectan en mayor medida al conjunto de la población. El problema de la vivienda, gobiernen unas siglas u otras, va a seguir afectando de manera explícita en la calidad de vida del conjunto de la población, sometiéndola a la obligación de vivir ahogados y grabados con hipotecas por mucho tiempo en nuestras agradables vidas. Es uno de esos problemas que no verán solución debido al consenso que lo impone como parte de las reglas del juego, como pasa con otros muchos problemas como la dificultad (o imposibilidad) de llegar a finales de mes con solvencia económica, la condena a llevar unas pautas de vida consistentes en la lógica de trabajar para vivir u otros tantos.

El caso es que no me imagino a la policía reduciendo de forma violenta a todos los tipos que perpetúan todas esas cosas por causar en la ciudadanía graves perjuicios como realmente hacen. Se conoce que el hecho de que una persona vaya andando, empuje una valla que hay en la acera, la desestabilice y tire al suelo supone una mayor gravedad y peligro para el orden de la ciudadanía. Eso parece porque fue lo que le pasó a un compañero la madrugada del sábado en Madrid y que mis ojos pudieron presenciar. Al cometer tal falta de gravedad ingente (nótese la ironía) dos policías salieron corriendo tras el, lo alcanzaron y tiraron al suelo, lo redujeron de forma violenta e incluso lo esposaron. Nosotros nos acercamos para ver que coño estaba pasando y la respuesta de los tipos de la placa fue que o nos alejábamos o terminaríamos como nuestro colega. El lugar de los hechos, desde luego, fue el menos oportuno: en la acera de frente del Congreso de los Diputados. Tras tenerle un rato reducido en el mismo sitio y ver cosas como que uno de ellos llegaba a ponerle la bota en la cabeza para que no la levantara del suelo, lo llevaron dentro del patio que hay en el Congreso, llegando a arrastrarle por el suelo cuando fue necesario. Le tuvieron un rato dentro del patio y le sacaron de nuevo de mala manera cuando llegó un coche de la policía para llevarle a comisaría. Lógicamente ninguno de los compañeros ni de las personas que pasaban por el lugar daban crédito a lo visto, viendo como los cuerpos de seguridad del estado trataron a un sujeto inofensivo que si acaso cometió una falta leve como si se tratara de un terrorista.

Después de todo, duele mucho oír decir con toda tranquilidad a otros compañeros de los dos policías que si nos había parecido desproporcionada la intervención fuéramos a comisaría y denunciáramos. Indigna cuando sabes que su palabra vale más que la de cualquier otro ciudadano y sabes que no servirá de nada. Más miedo incluso me da salir y que a pesar de la fauna que frecuenta la noche lo que tenga que temer realmente sea a los cuerpos del orden.

PD: Aun al día siguiente a primera hora de la tarde nadie sabía nada de el, ni familiares ni amigos. Horas más tarde desde comisaría informaron que tenía que pasar en el calabozo dos días en régimen de incomunicación y que al salir iba a ser sometido a juicio. Al final no ha cumplido todo el tiempo, pero a estas horas puede que haya finalizado su proceso en los juzgados de Plaza de Castilla.